“Impresionante”
Sagot detalló que las normativas vigentes penalizan la extracción de agua subterránea y por ello emitir una amnistía para que todos los pozos ilegales pasen a legalizarse implica que se exima de causas penales a gente “que ha hecho cosas que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico son absolutamente ilegales”. Añadió que por la vía de un reglamento no se puede hacer esa exención de responsabilidad penal, lo cual consideró como muy grave porque es algo que sólo debiera hacerse por la vía de reformas legales en la Asamblea Legislativa. “También alegamos un aspecto bastante serio, todavía no se ha hecho en Costa Rica un balance hídrico de cuánta agua se extrae con los pozos ilegales, a pesar de que se conoce desde hace muchos años que existen miles, quizás incluso cientos de miles”, señaló. Añadió que la existencia de pozos ilegales implica que la extracción del agua que llevan a cabo puede afectar humedales, sitios de recarga acuífera o hasta los mismos ríos -el agua superficial-, “estamos ante un desconocimiento al 100%”. Fundamentó ello en que “dentro de los aspectos más importantes es que hasta dentro de los mismos considerandos que motivan el reglamento, se dice que se desconoce cuántos pozos existen de forma ilegal”. Por ello advirtió que “venir a legalizar sin ningún estudio pone en riesgo en momentos de crisis climática un recurso de alta fragilidad que es vital para el país, es de lo más impresionante”. El abogado ambientalista añadió que el decreto violenta no sólo el principio precautorio, según el cual se debe actuar siempre en favor de la protección ambiental, sino también el principio de objetivación o tutela científica, “que obliga a que la administración solamente puede tomar decisiones bajo criterios técnicos y científicos, o sea, alisa la discrecionalidad. Estos dos principios que estamos alegando son sumamente importantes, alegamos que se están incumpliendo”. También criticó el hecho de que la medida del actual gobierno establece que la amnistía no se aplica en los casos que se ubiquen en un grupo específico de mantos acuíferos, como Sardinal o Nimboyores, pues según explicó “habla de ciertos acuíferos costeros que podrían estarse contaminando por intrusión salina”, pero recalcó que “toda la costa pacífica y atlántica está llena de acuíferos, ¿por qué unos sí y otros no, si no se ha hecho el balance hídrico”. Por ello consideró que el reglamento “pone en riesgo precisamente de contaminación por intrusión salina muchos acuíferos costeros, lo cual es sumamente preocupante, repito, en momentos de crisis climáticas”. Por otra parte, consideró que el decreto al poner en riesgo humedales podría estar poniendo al país en violación de convenciones internacionales como la de Ramsar. “Hoy en día hacer ese tipo de irresponsabilidad nos deja sumamente comprometidos ante documentos que hemos firmado a nivel internacional y ni hablar de toda la reserva legal que tenemos que nos protege, incluso con sentencias de la Sala IV, que ha dicho que proteger los mantos acuíferos es de relevancia vital para Costa Rica”, aseguró. Ante la observación de que de fondo subyace el problema del acaparamiento del recurso hídrico, Sagot indicó que en Guanacaste, “donde se supone que hay una crisis hídrica”, podría estar tomándose “muchísima agua por parte de empresas que dejaron aquello de la responsabilidad social ambiental de lado”. Consideró el problema como “sumamente delicado, porque se podría estar tomando agua que es para consumo humano, para regar canchas de golf y otras situaciones que no son vitales”.Amparo
Como se mencionó, la acción de inconstitucionalidad fue presentada desde el 26 de setiembre. Sin embargo, como no había sido procesada, el pasado 3 de diciembre los accionantes presentaron un recurso de amparo contra la misma Sala IV por considerar que se estaba violentando su derecho a una justicia pronta y cumplida. Sagot llamó la atención a que ese tribunal admitió para estudio la acción de inconstitucionalidad menos de 24 horas después de que el amparo fue presentado. Consideró que pudo tratarse de que “se les traspapeló algo tan serio”, pero dijo que el peor escenario posible, es que “se pudiera estar encubriendo gente que pueda aprovechar el trámite y la licencia permitida por esta amnistía, para obtener concesiones”. Detalló al respecto que de acuerdo al procedimiento normal de la Sala Constitucional, en caso de acoger esta acción, diría que “quedan protegidas bajo la buena fue las concesiones que se dieron en el ínterin entre el momento en que fue presentada y fue admitida nuestra acción, entonces, al pasar tantos meses sin que la Sala la admitiera para estudio, se podrían estar colando muchas personas y esto podría significar un beneficio irregular que estaría permitiendo la Sala Constitucional”.La entrada Sala IV estudia acción de inconstitucionalidad contra amnistía a pozos ilegales aparece primero en Semanario Universidad.
